Siempre según las mismas fuentes, los abogados de ambos ex diputados han recurrido la fianza que les impuso el juez Garzón de 700 millones de pesetas, por considerar que la que ya se decretó en su día en el denominado "caso Egin" basta para hacer frente a las eventuales responsabilidades pecuniarias que puedieran derivarse más adelante.

Según Garzón, los hchos presuntamente cometidos por los procesados "serían constitutivos de un delito de pertenencia a la organización terrorista ETA-KAS y de un presunto delito de alzamiento de bienes llevado a cabo entre los meses de marzo de 1997 y julio de 1998 en el sentido de que, evitando la pérdida patrimonial y el bien principal de ORAIN S.A, EGIN y EGIN IRRUTIA, se consigue mantener tanto el beneficio económico como estratégico dentro de la estructura criminal de la organización".

Además, según Garzón, ambos iputados también serían responsables de un delito de integración a banda armada. Gorostiaga, como vicepresidente de Ardatza S.A. y presidente de la misma en 1994 y Etxeberría, como máximo responsable del entramado económico financiero creado al amparo del denominado "proyecto Udaletxe" y, posteriormente administrador único de Ardatxa.

Tanto Etxeberría como Gorostiaga (ex directivo de Egin) fueron elegidos diputados del Parlamento vasco por EH en las elecciones de octubre de 1998, lo que conllevó su conición de aforados durante esa legislatura. El noviembre siguiente Garzón procesó por esta causa a 26 personas.

La Sala de lo Penal levantó en su día el procesamiento de cuatro de ellas. Por su parte, Gosrostiaga y Etxeberría fueron investigados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Sin embargo, en las últimas elecciones a la citada cámara, celebradas el pasado 13 de mayo, autonómica ninguno de los imputados consiguió escaño alguno, razón por la que el TSJPV se inhibió a favr de la Audiencia Nacional.