El documento, emitido por ONU el 9 de diciembre de 1999, obliga a los Estados a adecuar su legislación al fenómeno terrorista y para la detección e incautación de los fondos de organizaciones criminales de ese tipo.

Se prevn mecanismos para facilitar extradiciones, para la asistencia e intercambio de información entre policías de todo el mundo, y coordinación entre Estados para prevenir el fenómeno.

Uno de los aspectos principales hace referencia al control que deben llevar los Estados firmantes de las transacciones bancarias para evitar el blanqueo de dinero. Los Estados tienen de plazo para rubricar el convenio hasta diciembre del 2001.