El texto será similar al Tratado España-Italia de 28 de noviembre de 2000, que contempla el reconocimiento mutuo de sentencias y la entrega al país requiriente sin juicio previo.

Tanto la Policía española como la italina tienen facultad para detener a una persona contra la cual se haya emitido una resolución judicial de las previstas y se haya difundido la búsqueda al extranjero para fines de extradición o se haya transmitido por fax una petición urgente de captura. Un juez se encarga, en el plazo de 90 días, de dictaminar si todo es legalmente correcto.

El acuerdo que hoy van a firmar España y Gran Bretaña tiene su base en la declaración que firmaron en Londres, el 21 de marzo de este año, Angel Acebes y el entoncs ministro de Interior, Jack Straw.