La medida está incluida en una resolución aprobada por la Consejería de Hacienda a comienzos de este mes, por el que se convoca un concurso para adjudicar de forma "urgente" un "servicio e seguridad de edificios judiciales".

La celeridad puesta por el Gabinete de Ibarretxe queda reflejada en que el plazo tope para presentar las ofertas por parte de las empresas aspirantes es el próximo 4 de marzo.

Los 2,5 millones de euros serán repartidos entre las tres provincias vascas, de manera que las instalaciones judiciales de Guipúzcoa recibirán 1,8 millones de euros (305 millones de pesetas), mientras que Alava y Vizcaya se repartirán 691.163,92 euros (115 millones de pesetas).

La probación de esta partida se produce después de que la banda terrorista haya incluido en los últimos meses entre sus objetivos a jueces que ejercen en el País Vasco y a las sedes de los tribunales en esta comunidad autónoma.

Así, el 1 de octubre del pasado año ETA hizo estallar un coche-bomba con 40 kilogramos de dinamita junto al Palacio de Justicia de Vitoria (Alava), atentado que no produjo heridos, pero destrozó la fachada de esta sede judicial y provocó daños en una veintena de coches.

Asimimo, en noviembre de 2001, la banda criminal asesinaba al magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón, que fue tiroteado cuando salía del garaje de su domicilio junto a su mujer.