El Ejecutivo y el PP son partidarios de que la iniciativa parlamentaria sea posterior al informe técnico de la Fiscalía General del Estado, que en estos momentos está analizando la documentación que le han remitido los ministerios de Interior y de Justicia sobre Batasuna.

Habría así un sustento jurídico para apoya el deseo del Gobierno de ilegalizar al partido vinculado a ETA y para la celebración de la Diputación Permanente y un posterior debate en pleno de las Cortes.

El propio ministro del Interior, Angel Acebes, se mostró ayer partidario de que sea la Diputación Permanente de la Cámara Baja la que convoque el pleno extraordinario y se mostró reticente a que sea el propio Ejecutivo el que pida directamente la convocatoria de pleno, para lo que está facultado según el Reglamento del Congreso.

CONSENSO CON iU

Además, el Gobierno necesita tiempo para conseguir sumar al consenso que desea para esta decisión a CiU y a CC. Especialmente los nacionalistas catalanes han expresado sus reticencias a apoyar la iniciativa, por efecto de la presión de sus bases, que ya se mostraron críticas con el apoyo a la Ley de Partidos Políticos.

Los convergentes no quieren desmarcarse del acuerdo entre partidos democráticos contra el terrorismo, pero se oponen a que el proceso de ilegalización comience al calor del últio atentado y con "precipitación". Además, tienen que valorar si su apoyo en el Parlamento le supondría un distanciamiento del PNV, formación con la que mantienen excelentes relaciones.

Precisamente, es la dificultad de alcanzar un consenso, del que sólo estarían excluidos el PNV, IU y el Grupo Mixto, lo que está haciendo al Gobierno plantearse el retraso en la petición de convocatoria de la Diputación Permanente.

En todo caso, la decisión favorable del Congreso al inicio del proceso judicial de iegalización tendría que ser aprobada en Consejo de Ministros, puesto que la Ley de Partidos Políticos establece que las Cámaras instarán al Gobierno a que inicie los trámites.

Así, aunque se celebrara un pleno extraordinario en los próximos días, el acuerdo que tomara no podría ser efectivo hasta la primera reunión del Gabinete tras las vacaciones estivales, el próximo 30 de agosto.

A esto hay que añadir la dificultad que plantea la localización y el traslado de los 50 miembros de la Diputación Prmanente en pleno mes de agosto, lo que podría motivar un alto grado de ausencias que iría en contra de los deseos de máximo apoyo que pretende el Ejecutivo.