Esta mañana se debatieron en la Cámara Baja las enmiendas a la totalidad presentadas por PNV, IU, EA y BNG para reclamar la devolución del proyecto de reforma de la Ley General Penitenciaria y la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Estos partidos consideran que la nueva normativa no cumple el requisito de proteción de los derechos de los presos.

El ministro de Justicia, José María Michavila, explicó que el texto elaborado por el Gobierno "viene amparado en la Constitución, en el sentido común, y en el deseo por fortalecer la democracia", la lucha contra el terrorismo y la criminalidad, a fin de "cerrar espacios a la impunidad" de quienes "cometen los delitos más graves".

Emplear "todo el Estado de derecho para luchar contra el terrorismo" es un objetivo "compartido" por la gran mayoría de la Cámara, proiguió, y la reforma que se debate hoy va en ese camino, como en su momento la Ley de Partidos Políticos o la reforma del Código Penal para tipificar como terrorismo la "violencia callejera", a las que se opusieron los mismos que hoy, recordó.

Subrayó que la Audiencia Nacional es la "pieza básica" en el entramado jurídico para luchar contra el terrorismo y la criminalidad más grave, por lo que debe ser ésta también la encargada de garantizar, con sus propios juzgados de vigilancia penitenciaria, "la sietría y coherencia" en la tutela de la ejecución de las condenas que impone este tribunal.

Michavila aseguró que esta reforma legal "no obedece a situaciones coyunturales que puedan haber alarmado a la ciudadanía", sino que viene siendo reclamado desde hace tiempo por la Fiscalía, y se fraguó en el Pacto de Estado de la Justicia, con un amplio "consenso" político y el respaldo de "más del 90 por ciento de la Cámara".

TEXTO MEJORABLE

En nombre del PSOE, Julio Villarrubia indicó que aunque compare "principios y contenidos" con algunas enmiendas y hay "discrepancias serias" con el texto del Gobierno, votan a favor para después mejorarlo, porque puede "chirriar" a la Constitución.

Explicó que los socialistas apoyan la centralización de la vigilancia penitenciaria pero siempre que se encargue de ello más de un juzgado y "sólo en relación con los delitos de terrorismo", y reclamó al Gobierno que se esfuerce por impedir que los derechos de los presos puedan ser vulnerados.

El portavoz de Justcia de CiU, Manel Silva rechazó las enmiendas a la totalidad porque el proyecto del Gobierno es "legítimo", tiene encaje en la Constitución y permite la "especialización, objetividad, y transparencia" de la vigilancia penitenciaria, aunque en el trámite parlamentario se podrán "recortar excesos". Luis Mardones, de Coalición Canaria, ofreció también su apoyo al Gobierno.

En contra de esta iniciativa se manifestó la portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, quien denunció que "evidencia la desconfiaza del Gobierno" hacia los jueces de vigilancia penitenciaria, menos "obedientes" que los de la Audiencia Nacional, como demuestra que esta reforma fuera anunciada después de la decisión de Ruth Alonso de conceder el tercer grado a un preso de ETA.

JUGO ELECTORAL

Para Uría, esta reforma puede vulnerar "derechos fundamentales", y "no sería admisible que la naturaleza o gravedad del delito" determine el tratamiento penitenciario que se le debe dar, pues éste ha de ser individualizado y estar condiciondo sólo por el comportamiento del preso y con un objetivo de resocialización, algo de lo que el proyecto del Gobierno "pasa".

Luis Carlos Rejón, portavoz de Justicia de Izquierda Unida, criticó la argumentación de Michavila, de quien dijo que no es de la "parte tonta" del PP, y recalcó que la intención del Gobierno es "seguir sacando jugo electoral" al terrorismo, con el criterio de que "saltándose los principios y garantías" del Estado de derecho se puede erradicar antes este "cáncer".

Subrayó qe hay que emplear "todo el arsenal del Estado de derecho" para acabar con ETA, pero advirtió de que "flaco favor" se hace a la democracia buscando "atajos antijurídicos", con medidas "excepcionales, injustificables y contrarias" al principio de "igualdad jurídica", y tutela judicial efectiva.

Por su parte, la diputada de Eusko Alkartasuna Begoña Lasagabaster apuntó que esta reforma es parte de una "trilogía" de "derecho penal de ocasión" o de "Navidades", que no apoya "la mayoría de los ciudadanos delPaís Vasco"; y arremetió contra el intento del Gobierno de "atraer" la vigilancia penitenciaria a "un juzgado mucho más cercano al poder Ejecutivo".