El ministro de Justicia, José María Michavila, se felicitó por la aprobación de ese proyecto, que queda hoy listo para ser remitido al Senado, porque es un instrumento más para acabar con ETA y con su entorno. Agradeció su esfuerzo a los grupos que han apoyado la reforma, y ofreció a los que se oponen "la mano tendida" para intentar acercar posturas.

Juan Fernando López Aguilar, del PSOE, subrayó que el terrorismo es la materia "más sensible" de nuestra democracia, y por ello su partido ha mantenido siempre una "defensa activa, beligerante" de la lucha antiterrorista y a favor del ortalecimiento de las instituciones constitucionales.

El PSOE, prosiguió, tiene en cuenta en esta materia el respeto a la Constitución, la utilidad de las medidas para acabar con una forma de delincuencia específica y la de "la más extensa mayoría parlamentaria", para lograr la máxima representación de la sociedad española.

En nombre de CiU, su portavoz de Justicia, Manel Silva, confesó su "sensación agridulce" por no haber solucionado los problemas fundamentales del proyecto, aunque sí algún avace relativo a los beneficios penitenciarios, por lo que su grupo se abstuvo en la votación de la ley.

Agregó que el hecho de que la pena de 30 años sea Constitucional "no significa que no sea contraria a la dignidad de la persona", dada la "destrucción psíquica" que supone, ya que se aproxima a la cadena perpetua. Considera que "no tiene ningún sentido" buscar el cumplimiento íntegro de los 40 años cuando ahora no se cumplen los 30 permitidos legalmente.

VULNERA LA REINSERCION

Los partidos que e habían opuesto a la tramitación de este proyecto, Izquierda Unida, PNV, EA y otras formaciones del Grupo Mixto, defendieron hoy sus enmiendas parciales y advirtieron de los riesgos que traería este texto de aprobarse tal y como está redactado ahora.

El portavoz de Justicia de IU, Luis Carlos Rejón, criticó que se haya creado "de forma irresponsable y artificial una sensación subjetiva de inseguridad ciudadana", en primer lugar por parte del PSOE, con fines "exclusivamente electorales, y posteriormene por el partido que sustenta al Gobierno.

Gracias a ello el Gobierno justifica ahora "las más extremas medidas contra el delito" con un "nulo rigor analítico", lo que "daña determinados valores constitucionales", como la reinserción, con la teoría de que "todo es solucionable con la mano dura penal".

Por su parte, Margarita Uría, portavoz del PNV, recalcó que "nos preocupa" que el texto diga "a las claras que nunca va a poder acceder a la reinserción quien haya cometido un delito de terrorismo",y opinó que no han sido "suficientes" los esfuerzos del PSOE ni de CiU para "dulcificar" este proyecto de ley.

Finalmente, Begoña Lasagabaster, diputada de Eusko Alkartasuna, advirtió de que la reforma promovida por el Ejecutivo introduce criterios "francamente peligrosos" y contrarios al principio de resocialización.