Según la sentencia, los tres primeros condenados (Iker Achotegui, Urko Galarraga y Oskarbi Jauregui) eran miembros de la organización "jarrai" y, con las acciones ejecutadas pretendían la liberación de presos, la autodeterminación del País Vasco, el reconocimiento de lengua propia y la unidad de las provincias de Euskal Herría.

No obstante, la sentencia absuelve a os implicados de los delitos continuados de estragos y pertenencia a banda armada que les imputaba la acusación popular, ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

El tribunal considera que "debe descartarse el delito continuado de terrorismo, pues no cabe afirmar la pertenencia a banda armada o la colaboración con la misma (...) pudiendo hablarse en todo caso de afinidades ideológicas (...) pero no de que los acusados persiguiesen, con los actos ralizados, la subversión del orden consttucional".

Los hechos que motivan la sentencia ocurrieron en enero de 1995 en la localidad de Ordizia, cuando los acusados rompieron el rótulo de neón de un establecimiento comercial llamado "Vicuña", en el que causaron daños valorados en más de 100.000 pesetas. En mayo del mismo año, también en Ordizia, quemaron varios contenedores pertenecientes a la entidad pública de la Mancomunidad Sasieta, causando desperfectos tasados en 450.000 pesetas.

Los condenados, junto a otras personas no identificaas, provocaron en la misma fecha "alboroto callejero, protesta y desperfectos a la Estación de Renfe, oficinas de seguros y entidades bancarias, que exigió la presencia de fuerzas antidisturbios procedentes de las comisarías de Zumárraga, Tolosa, Azkoitia, Hernani, Zarautz y Donostia".

En el momento de ser detenidos, en agosto de 1995, los procesados llevaban en su vehículo dos botellines de cerveza y tres de refresco llenas de gasolina y tapadas con trapos, a modo de "cócteles mólotov" que pretendíanarrojar contra la Casa del Pueblo de Lazcano, en Guipúzcoa.