De acuerdo con estas fuentes, ninguna de las estructuras de ambos comandos resultaron seriamente dañadas en los meses previos a la declaración de la tregua y mucho menos durante el periodo en que ETA mantuvo el alto el fuego.

Según se desprende de las investigaciones policiles, después de algunas acciones de las fuerzas de seguridad que permitieron descubrir varios "pisos franco" en la capital española entre 1997 y 1998, la práctica totalidad de los activistas del "comando Madrid" abandonaron la misma para establecerse en otros lugares más seguros, preferentemente en el sur de Francia.

De hecho, en Francia han sido detenidos en los últimos meses algunos de sus miembros más destacados, como es el caso de Jon Bienzobas, presunto autor del asesinato de Francisco Tomás y Vaiente.

No obstante, siguiendo la línea de actuación que ha caracterizado su comportamiento, estos miembros del "comando Madrid" se encuentran en permanente contacto con la cúpula etarra y en disposición de cruzar la frontera.

En relación con el "comando Donosti", la policía sostiene que es el apéndice de la organización etarra que en mejores condiciones se encuentra en cuanto a material, operatividad, activistas, infraestructura y viviendas para esconderse. Antes de la tregua, se calculaba que uncentenar de personas estaban vinculadas de algún modo a este comando.

En la actualidad, a pesar de las últimas detenciones en Francia de destacados líderes de la organización terrorista, continúan en activo Soledad Iparraguirre, que está al frente de los comandos "legales" (no identificados por la policía), y Javier García Gaztelu, responsable de los comandos "ilegales". Ambos son los responsables de las principales actuaciones terroristas de los comandos citados.

ESCOLTAS

Por otra parte, las fentes consultadas señalaron que el Ministerio del Interior, en previsión de lo que pudiera pasar, mantuvo desde el principio de la tregua el servicio de escoltas a altas autoridades y representantes que pudieran ser objetivo de ETA.

No ocurre así en el caso de los cargos electos del Partido Popular en el País Vasco, a quienes la Consejería de Interior fue retirando la escolta progresivamente, a medida que iban transcurriendo los meses desde la declaración unilateral de tregua.

En el ámbito de la olicía nacional existe preocupación por este hecho, a la vista de que fueron los políticos del PP los últimos objetivos sobre los que actuaba ETA antes de decidir el alto el fuego en septiembre de 1998.