El juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Baltasar Garzón, comunicó el pasado lunes a la Casa Real la apertura del procedimiento como consecuencia del atentado frustrado.

Al mismo tiempo, ofreció a la Casa Real la oportunidad de ejercer acciones penales contra los etarras detenidos, que están acusados de tentativa de atentado contra el jefe del Estado, integración en banda armada, depósito de armas y tenencia de explosivos.

Fentes judiciales explicaron que de aceptar el ofrecimiento del juzgado de Garzón, encargado de tramitar la causa, la Casa Real podría ejercer dichas acciones penales personándose en las diligencias como acusación particular.

Valdés señaló que el ofrecimiento el juzgado no precisa un plazo concreto para que la Casa del Rey conteste a ese ofrecimiento, por lo que ahora procederá a estudiar la posibilidad.

Las fuentes judiciales consultadas indicaron que el ofrecimiento de acciones es un trámite habtual que se sigue en este tipo de procedimientos de acuerdo con la ley y precisaron que fue hecho a la Casa Real como institución.

Según el auto de prisión dictado por el juez Garzón tras tomar declaración a los etarras, éstos pretendían atentar contra el rey Juan Carlos disparando un fusil de alta precisión desde el apartamento que tenían alquilado a escasa distancia de Puerto Pi, donde habitualmente fondea el yate real "Fortuna".

En el caso de no poder atentar contra el Monarca, los terroristastenían previsto atentar como segundo objetivo contra su hijo, el Príncipe de Asturias.

El magistrado señala en el auto que los terroristas tuvieron tres oportunidades de atentar contra el Rey entre los días 4 y 6 de agosto, aunque finalmente descartaron disparar contra don Juan Carlos ante la dificultad que suponía para ellos la huida debido a la presencia policial.

Además de los tres etarras detenidos en Mallorca, también fue detenido en esta operación policial Jon Aldasoro Torrecilla, quien fuearrestado en San Sebastián acusado de colaborar con ETA. Aldasoro fue puesto en libertad por orden del juez Garzón bajo una fianza de 3 millones de pesetas.