El fiscal del caso, Jess Alonso, que previamente había pactado con la defensa, redujo la petición de condena de doce años de cárcel a seis meses, que Olaechea podrá pasar en libertad condicional, aunque inhabilitado para ejercer su profesión de cámara para emisoras de televisión local del País Vasco y Navarra.

El suceso que motivo su enjuiciamiento ocurrió el 17 de agosto de 2000 cuando, con motivo del traslado a la Audiencia Nacional de dos detenidos en Pamplona tres días antes, se situaron ante la sede judicial unas treina personas, entre familiares, amigos y conocidos de los detenidos.

En ese grupo se encontraba Jon Abril Olaechea, quien llevaba una cámara de vídeo doméstica y que aparentemente realizaba tomas de los policías que se encontraban en el lugar, de los vehículos oficiales allí estacionados y del entorno de la Audiencia Nacional.