En concreto, la AVT reclama que presenten los libros de registro de los socios y las actas de las reuniones de consejos de administraciones, entre otras cosas, las empresas Gadusmar, Itxas Izarra, Untzorri Bidaiak, Uralde, Ugao, Galgaraka, Orain, Ardatza y Banaka.

La AVT pretende así "cerrar el grifo" económico de la anda armada y "desenmascarar a los testaferros de ETA, que sirven de pantalla para que la mano siniestra de la banda armada no aparezca en escena".

El director-gerente de la AVT, Juan Antonio Corredor, denunció hoy en rueda de prensa que ETA se ha convertido en una moderna organización criminal, que aprovecha para sus fines macabros desde la tecnología punta hasta las técnicas de ingeniería financiera.

A su juicio y el del grupo de abogados que ha redactado el informe presentado al juez Garzón, "os etarras son maestros en el blanqueo de dinero a través de sociedades a las que los simpatizantes del mundo nacionalista radical prestan sus nombres para mover el dinero de un país a otro con rapidez y aparente legalidad".

Según los cálculos de la AVT, ETA y su entorno maneja un presupuesto anual superior a los 5.000 millones de pesetas, que obtienen de extorsiones, chantajes, secuestros y el blanqueo de dinero. En el entramado etarra participan también muchos de los cerca de 200.000 votantes de HB,según Corredor, ya que luego reciben beneficios y subvenciones.

Así es como se ha llegado a la existencia de "yupis y terroristas con corbata" en el seno de la organización, que mueven el dinero para ponerlo a disposición de ETA, Haika y el resto de agrupaciones que pertenecen al Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MNLV), según Pedro Cerracín, el letrado de la AVT que ha redactado el escrito elevado a Garzón.