El fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso, Pedro Rubira, pide que Mónica Martínez sea conenada a un total de 32 años y dos meses de cárcel, así como al pago de 3.000 euros de multa, por un delito de atentado con resultado de muerte, otro de lesiones y otro de daños. Además, solicita que indemnice a la familia de la víctima con 90.000 euros.

Según el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera probado que, junto con María Teresa Pedrosa Barrenetxea y Carlos Emilio Cristóbal Martínez, Mónica Martínez López formaba parte del "talde San Ignacio", perteneciente al "comando Vizcaa".

El "talde San Ignacio" recibió la orden de acabar con la vida del guardia civil Fernando Jiménez Pascual y obtuvo datos sobre la víctima de la mano de Joseba Koldo Martín Carmona, procedentes de Andoni Ugalde Zubiri.

Para llevar a cabo el atentado, la procesada y demás miembros del "talde" recibieron un artefacto explosivo que habían preparado los miembros del "comando Vizcaya" Joseba Koldo Martín Carmona, Lourdes Churruca Madinabeitia y Angel Irazabalbeitia Aldazabal, ya fallecido.

En l madrugada del 4 de abril de 1994, Mónica Martínez, en compañía de sus compañeros María Teresa Pedrosa y Carlos Emilio Cristóbal, se trasladaron al barrio de la Peña de Bilbao, donde vivía la víctima, forzaron la puerta de su coche y colocaron la bomba bajo el asiento del conductor. La bomba explotó a las 14,35 horas del citado día y Fernando Jiménez Pascual falleció al instante. La deflagración causó heridas a una mujer y cuantiosos daños materiales.