Según el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera probado que desde 1988 Arcauz Arana era el único miembro de la banda terrorista que conocía la ubicación de los tubos lanzagranadas y de las granadas JK.

Asimismo, Jesús Arcauz Arana era el que distribuía dichos artefactos a los diversos grupos o comandos que actuaban en España. Así, en el segundo trimestre de 1990, recibió la orden de José Javier Zabaleta de hacer llegar part de ese material al denominado "comando Donosti", que actuaba en San Sebastián.

Arcauz Arana llevó a cabo la entrega el 20 de julio de 1990, "con el conocimiento de que dichos lanzagranadas serían utilizados para dar muerte a las personas que normalmente constituían el objetivo de los terroristas, tales como guardias civiles o policías, mediante el ataque a sus cuarteles y oficinas".

El "comando Donosti" tenía intención de dar muerte a los policías que vivían en el acuartelamiento del Cuerpo Nacinal de Policía en Aldapeta, en San Sebastián, y tuvieron la ayuda del "comando Ipar Haizea", integrado por Sergio García Razquín, José Ignacio Echevarría Pascual, Miren Maitane Sagastume Arrieta, José Arizmendi Oyarzábal, Francisco Javier Aramburu Muguruza y Miguel Angel Benaito Villagarcía.

Los citados miembros del "comando Ipar Haizea" realizaron vigilancias, robaron una furgoneta, a cuyos ocupantes dejaron atados en un árbol, e instalaron en el vehículo varios tubos metálicos lanzagranadas JK y lo ituaron en las proximidades del acuartelamiento, donde activaron un temporizador que al ser accionado disparó tres granadas contra el edificio. De ellas, sólo una explosionó, alcanzando el frontón anexo al inmueble y provocando desperfectos.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los hechos descritos son constitutivos de un delito de atentado contra Cuerpo de la Seguridad del Estado y otro de estragos y Arcauz Arana es responsable de los mismos, por lo que pide que sea castigado con 33 años de priión.