Según el escrito de conclusiones provisionales, la fiscal encargada del caso, Blanca Rodrguez, considera probado que, desde 1996 y hasta su detención en el año 2002, Jon Crespo Ortega, Xabier Arrilucea Saiz y Andoni Beoriz Zubizarreta formaban parte de un grupo de ETA.

Concretamente, los tres procesados participaron en la zona de Galdácano en numerosos ataques contra objetivos designados por ETA y en amenazas a personas relacionadas con la política.

Los tres acusados, de mutuo acuerdo, decidieron, en marzo de 2000, amedrentar a Ricardo Gutiérrez, concejal del PP en Galdácano, enviand una carta a los vecinos del edil. En la misiva, calificaban a Gutiérrez de "deporable concejal que es responsable directo de que a Euskal Herría le sea negada la palabra", entre otras cosas.

Asimismo, agregaban que "por esto y mucho más, este engendro de Franco está condenado a ser expulsado" del País Vasco, y exigían a los vecinos que le expulsasen del edificio por ser una persona de "actitudes hitlerianas".

Según el escrito de la Fiscalía, los procesados imprimieron la carta en un ordenador qu Herri Batasuna tenía en un local de Galdácano y la introdujeron, el 17 de marzo de 2000, en todos los buzones del bloque en el que vivía la víctima.

En la misiva se advertía a los vecinos que se atuvieran a las consecuencias si no expulsaban al citado concejal, ya que se podía producir un atentado contra él. De esta forma, trataron de atemorizar al edil, privándole de su "tranquilidad y sosiego".

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los hechos descritos son constitutivos de un delito de amnazas terroristas, por lo que pide dos años de prisión para cada uno de los acusados. Asimismo, considera que deberían indemnizar a la víctima con 6.000 euros por daños morales.