El fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, pide que cada uno de ellos sea condenado como cooperador necesario de un delito de detención ilegal a un total de 17 años de prisión, y que indemnicen a Aldaya con 350 millones de pesetas (150 por l cantidad pagada en concepto de rescate y 200 por las secuelas y los daños morales derivados del secuestro).

Según el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera probado que en el año 1993 José Javier Arizkuren Ruiz, alias "Kantauri", se puso en contacto con Francisco José Ramada y le propuso que formara parte de un comando especializado en secuestros.

Tras aceptar, Ramada recibió un dinero con el que adquirió una nave industrial en el barrio de Ventas de Irún (Guipúzcoa), donde seconstruyó el habitáculo en el que permanecería secuestrado Aldaya durante casi un año.

Según el relato del fiscal, Aldaya fue secuestrado el 8 de mayo de 1995, después de haber terminado su jornada laboral en la empresa Alditrans, de la que es titular, y cuando se encontraba a 400 metros de su casa.

Tres individuos salieron de un coche que se encontraba atravesado en la calzada y le obligaron a dejar su vehículo y a subirse al de ellos, al tiempo que le ponían una capucha y una inyección en el brzo.

Hasta el 14 de abril de 1996, cuando fue liberado en el Alto de Azcárate, en el término municipal de Elgoibar (Guipúzcoa), Aldaya estuvo retenido en un habitáculo de tres metros y medio de largo, un metro de ancho y dos de alto. El "zulo" no tenía ventanas y disponía sólo de una bombilla para la iluminación. El empresario fue sometido, según consta en el escrito, a unas "condiciones de vida infrahumanas".

Asimismo, el fiscal sostiene que fue Ramada quien efectuó la liberación de Aldaya, llevado a éste a Elgoibar en el coche de Sagrario Yoldi, quien prestó su vehículo conociendo para qué iba a ser utilizado.

"Durante el secuestro del señor Aldaya, Sagrario Yoldi era plenamente sabedora de dicha situación y de la pertenencia a ETA de los secuestradores", dice el fiscal, para quien esta mujer sabía que la ropa que le llevaban para lavar era del empresario.

El secuestro fue reivindicado por la organización terrorista ETA , mediante una llamada al diario "Egin", el 25 de mayo de 1995. Par la liberación, la banda terrorista exigió a la familia del empresario el pago de al menos 150 millones de pesetas.