El portavoz de la Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, declaró a Servimedia que es muy difícil llevar este extremo a la práctica, ya que la Constitución no lo establece, y añadió que su aplicación general no es conveniente porque en la mayoría de los delitos de terrorismo funciona la figura del arrepentido y hay que dejar abiertas ciertas posibilidades.

En cualquier caso, González Armengol se mostró partidario de endurecr la legislación sobre este tipo de delitos. "Hay que abogar por un endurecimiento de penas y, sobre todo, por que se cumplimenten las que están establecidas", señaló.

Por su parte, José María Fernández Seijo, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), manifestó a Servimedia que el nuevo Código Penal es "suficientemente duro con el cumplimiento de las penas" y consideró "un error político dar un tratamiento distinto a este tipo de delitos" porque "el terrorismo no puede ser más leve ni ser más estrito, sino que se tiene que aplicar la estricta legalidad".

"Entendemos que el utilizar el cumplimiento de las penas como instrumento político no es acertado y aunque la situación es dramática y de una grandísima tensión, en ningún caso se deben establecer tratos a favor ni en contra", indicó Fernández Seijo, quien subrayó que la legislación vigente no lo permite y podría tener incluso problemas de constitucionalidad.

Finalmente, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), antiago Martínez Vares, recordó a Iturgaiz que la legalidad vigente, recogida por el Código Penal, es a la que hay que atenerse, aunque matizó que su postura es "respetable" y donde tiene que hacerse valer es ante las cámaras legislativas.

"Si hay voluntad del legislador de cambiar el código y las leyes penales en ese sentido, no habría nada que objetar. Es perfectamente posible y obedecería a la política penitenciaria que el Estado estableciese", dijo Martínez Vares a Servimedia.