Los magistrados consideran probado que Soares Gamboa formaba parte del "Comando Madrid" en junio de 1987 y que, siguiendo ódenes de la dirección de ETA, había planeado atentar, junto con otros cuatro terroristas más, contra un general.

Sin embargo, debido a que dicho general cambiaba sus costumbres, el "comando" al que pertenecía Soares Gamboa decidió antentar contra un coche del Ejército de Tierra que pasaba habitualmente con un soldado y dos oficiales.

Así, el 17 de julio de 1986, Soares Gamboa y otras cuatro personas más se dirigieron en un vehículo robado meses antes en San Sebastián a la madrileña Avenida del Mazanares.

Cuando llegaron al lugar en el que se encontraba el coche del Ejército de Tierra, Soares Gamboa y otros dos terroristas más "sacaron las metralletas automáticas que tenían en su poder, ametrallando el vehículo y produciendo la muerte" del teniente coronel Carlos Vesteiro, el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el conductor, el soldado Francisco Casillas Martín.

Los magistrados consideran que los hechos descritos son constitutivos de un delito de atentado y otro de asesinato, con la agravantes de premediatación y alevosía, por lo que condena a Soares Gamboa a un total de 87 años de cárcel (29 por cada uno de los crímenes).

Asimismo, los magistrados le condenan a pagar una indemnización de 30 millones de pesetas a cada una de las familias de los fallecidos. La Sala considera que no puede apreciarse en este caso la circunstancia atenuante de arrepentimiento espontáneo.

Soares Gamboa se refugió en Francia antes de que el "comando Madrid", al que pertenecía, fuese desarticulado En 1986 se marchó a Argelia y casi tres años más tarde fue deportado a Santo Domingo, donde permaneció junto con otros cinco terroristas más: Eugenio Etxebeste, alias "Antxon", Belén González Peñalva, Ignacio Aracama Mendía, alias "Makario", Angel Iturbe y José María Gantxegui.

Soares Gamboa estuvo en la República Dominicana hasta el mes de julio de 1995, cuando expresó su deseo de renunciar a la lucha armada, entregarse a la Justicia española y reincorporarse a la sociedad tras cumplir la pena que l fuera impuesta.