La APM considera que las amenazas de muerte a Bueren, con pintadas en las calles de San Sebastián el pasado 26 de agosto, y las acusaciones de las Gestoras Pro-Amnistía, de "extorsionar" a las familias vascas con fianzas millonarias a los detenidos de los grupos "Y", tienen como finalidad intimidarle y que que abandone sus deberes en aplicación de la ley.

La "inutilidad" de estas amenazas, dice la asociación en su nota, no resta gravedad a lo sucdido y exige la intervención de los órganos constitucionales que tienen encomendada la protección de la independencia judicial.

APM cree que "en el supuesto de presiones que revisten caracteres delictivos, hay en las leyes penales medios suficientes para conjurarlas".

Por ello solicitan la adopción de medidas legales por parte del Consejo General del Poder Judicial "incluída la excitación del celo del Ministerio Fiscal, en el marco de competencias que la Constitución otorga".