En declaraciones a Servimedia, Requero señaló que "por supuesto, se podría modificar el ordenamiento jurídico, pero lo lamentable es que, on modificaciones o sin ellas, haya el deseo de hacerlo y se haga. Lo que es triste es no haya condena por parte de las fuerzas políticas, que no haya rechazo social, que un pueblo, por el hecho de que se presente como candidato un asesino, sin más, no deje de votar esa posibilidad".

EL portavoz de la asociación judicial admitió que el ordenamiento legal actual permite la maniobra de Euskal Herritarrok, por lo que recomendó cambiarlo.

"Que se incluya en las listas electorales a un individuo que aesinó a un concejal y su mujer en Sevilla, y se tomó una botella de champan después de dejar a unos niños huérfanos, es una cosa que causa repugnancia. Que jurídicamente esté aceptado es otra cosa, pero desde el punto de vista de la convivencia y el respeto a las instituciones locales y la democracia, es un verdadero insulto", sebrayó.

Por su parte, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Ricardo Bodas, señaló que, "en la medida en que no se conculque la legalidad vigente, poco hy que decir, más allá de que como ciudadano pueda valorar de una manera poco positiva el que gentes que han actuado al margen de la ley, que han utilizado el terror y han generado el sufrimiento en el conjunto del pueblo español puedan presentarse a este tipo de comicios".

No obstante, prosiguió, "lo que está claro es que en la medida en que la ley no lo prohiba, salvo en ciertos supuestos (no pueden ser candidatos los presos condenados por fallo firme, pero sí los preventivos o los condenados que ya an cumplido sentencia), poco hay que decir por nuestra parte. Si la ley no niega ese derecho, es una cuestión que afecta exclusivamente a los electores, de considerarse representados o no por ese tipo de gente".