Se trata de Itxaso Ojda Errasti, Félix Gómez Fernández, Jesús María Zalakaín Garaikoetxea, Xabier Alegría Loinaz, María Teresa Mendiburu Zabarte, Juan Ramón Aranguren Mendizábal y Manuel Intxauspe Vergara. A los dos primeros les acusa de defraudar supuestamente a la Seguridad Social, así como a la Hacienda Pública, delito este último del que también acusa a los cinco restantes.

En un auto de 22 de noviembre, Garzón sostiene que AEK defraudó presuntamente 1.149.240.101 pesetas a la Seguridad Social desde su constitución en1982 hasta 1999, "a pesar de lo cual ha recibido sin problemas las subvenciones públicas que le han ayudado de forma sustancial e imprescindible a continuar su actividad".

Asimismo, considera que la instrumental de AEK, Galgaraka S.L., ha defraudado las cuotas de IVA correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y 1999 por un importe de 340.199.665 pesetas.

Garzón investiga a AEK dentro del "caso Egin", instrucción que también dio lugar al desmantelamiento de la estructura política de ETA-EKIN. Ahra trata de averiguar si dicha coordinadora de alfabetización en euskera, además de los presuntos delitos de defraudación, pudo colaborar con la banda terrorista.