El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 3 de mayo el anteproyecto que modifica la Ley Orgánica General Penitenciaria, de 26 de septiembre de 1979.

La experiencia y la aplicación práctica de esta normativ durante más de dos décadas aconseja, según Interior, introducir modificaciones puntuales con el fin de mejorar los mecanismos a través de los cuales se articula la presentación de este tipo de enseñanza, que los internos tienen garantizada en todos sus niveles en la Constitución.

La propuesta que votarán hoy los diputados consiste en la modificación del artículo 56 de la Ley General Penitenciaria. Con su nueva redacción se precisan los requisitos y condiciones en los que la Administración Penitenciara deberá garantizar el acceso de los internos al servicio público de la enseñanza superior.

De esta manera, se establece que será necesario que la Administración Penitenciaria suscriba, previo informe de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad, convenios con universidades públicas, las cuales deberán garantizar, en beneficio del interno, la idoneidad del método pedagógico, el pleno aprovechamiento de las enseñanzas y el rigor en la acreditación de los conocimientos adquiridos.

Los convnios se harán de manera preferente con las universidades de ámbito estatal especializadas en la impartición de enseñanzas en modalidad no presencial y que expidan títulos de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.