El Ejecutivo señala, en una respuesta parlamentaria, que de estos 62 casos, sólo uno fue condnado por el nuevo Código Penal, de 1995, que limita el acceso a beneficios penitenciarios, al suprimir la redención de penas por trabajo y modificar la regulación del adelantamiento de la libertad condicional.

Contesta de este modo al diputado de Izquierda Unida Luis Carlos Rejón, portavoz de este grupo en la Comisión de Justicia e Interior, quien se había interesado por la aplicación del nuevo Código Penal en la lucha antiterrorista.

El Gobierno explica en su escrito que "desde 1996, viene realiando un enorme esfuerzo desde todos los ámbitos para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales mediante una espectacular mejora de las condiciones en la ejecución de las penas privativas de libertad, así como las reformas legislativas que las complementan".

Pone como ejemplo la ley aprobada el pasado 30 de junio para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, "puesto que la sociedad demanda una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves, como son los dlitos de terrorismo, protección que el Estado de derecho no sólo puede, sino que tiene la obligación de proporcionar".

"En este sentido, respecto a los instrumentos que permiten la flexibilidad en el cumplimiento de las penas, así como los beneficios penitenciarios, y que tienen su razón de ser en la reinserción y reeducación que recoge nuestra Constitución, la legislación debe evitar que estos instrumentos puedan ser utilizados por los terroristas para lograr un fin distinto", añade.

El Ejecutiv aporta datos sobre los internos condenados por vinculación con ETA excarcelados de forma definitiva porque redimieron la pena. Uno de ellos ha vuelto a ser condenado por terrorismo, y otros siete volvieron a prisión, pero aún no han sido condenados.