El secretario general de CCOO de la policía autónoma, Roberto del Agua, afirmó hoy a Servimedia que es "inadmisible" el plan porque no se puede pagar con dinero público la seguridad de los ciudadanos con subcontratas a empresas privadas de seguridad.

Según Del Agua, la protección de los objetivos de ETA no puede depender de guardas jurados que no tienen una formación específica para este trabajo y que no son autoridad policial en la sociedad.

EL NEGOCIO DEL TERRORSMO

Además, el responsable sindical fue más lejos e insinuó que, con el terrorismo y la seguridad pública, puede haber personas que empiecen a lucrarse y a considerarlo como un negocio.

"¿Cómo es posible que en una democracia como la nuestra, en la Europa comunitaria donde los valores sociales tienen mucho peso, empecemos aquí a jugar de tal manera que el terrorismo, o buena parte del terrorismo, empiece a convertirse en negocio para algunos a través del dinero público?", se preguntó Del Agua.

En su opinión, ante el aumento de la presión etarra se podían haber puesto en marcha otras vías que no fueran la de la contratación de seguridad privada. Una de las alternativas apuntada por CCOO consiste en incrementar el número de ertzainas en labores de protección y "empezar a vacíar despachos".

Otra solución, según Del Agua, podría ser la de distribuir los 90 efectivos necesarios en estos momentos entre los cuatro cuerpos policiales del País Vasco: Policía, Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Loal. "No se entiende que un territorio como Euskadi no sea capaz de solucionar este problema con cuatro cuerpos de seguridad", añadió.

Del Agua acusó al departamento de Interior de "no saber cómo salir de este callejón sin salida" y le preguntó por qué no sacó adelante una promoción de entre 160 y 190 nuevos agentes necesarios para sustituir a los que se han ido, han muerto o se han cambiado de trabajo. Según CCOO, esta promoción lleva paralizada desde hace más de tres años.

CCOO de la Ertzaintza enuncia también que este plan de seguridad privada puede empezar a desarrollarse en el resto del país y aseguró que la mayoría de los objetivos protegidos por la policía autónoma no quieren la protección de los guardias jurados porque "no se fían, al no tener experiencia".

ERNE

Por su parte, el portavoz de la Junta Rectora del sindicato ERNE, Iñaki Castro, ha escrito un artículo de prensa en el que también expresa su oposición al plan de Balza.

Según Castro, la contratación de seguridad privadapara competencias públicas "compromete la propia credibilidad del servicio público".

Tras denunciar la falta de reacción de los partidos políticos, ERNE señala que las labores de escoltas privados está regulado en la Ley de Seguridad Privada, según la cual sus funciones serán las de "acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas que no tengan la condición de autoridades públicas".