El coste de esta medida supondría al Estado entre el 1,56% y el 1,67% del PIB, más de 14.000 millones de euros, aunque el autor considera que sería asumible, ya que ese coste es equiparable al de las reformas fiscales aprobadas en 1998 y 2002.

Según declaró el autor del estudio, una medida de este tipo "conduciría a la virtual erradicación de la pobreza extrema, la reducción a la mitad de la pobreza relativa y una importante reducción de la desigualdad de rentas".

Esta medida supone la garantía de un ingreso modesto, pero suficiente para cubrir las necesidades básicas, no sujeto a otra condición que la ciudadanía o la residencia. Las cuantías serían de 360 euros mensuales para una persona sola, 540 euros para dos personas y 110 para menores y jóvenes no independizados.

Además, las comunidades autónomas podrían complementar la renta básica estatal mediante sus propios recursos, atendiendo a las competencias en servicios sociales que tienen las regiones.

Por otra parte, el método más adecuado para implantar esta renta básica de ciudadanía, según el autor del estudio, es el descuento vía deducciones de las correspondientes cuantías en el impuesto sobre la renta,

Esta medida beneficiaría más y sería más perceptible por parte de las rentas más bajas, mientras que las medias y altas notarían menos la ayuda, al ser más baja proporcionalmente respecto a sus ingresos.

A juicio de Pinilla, la implantación de esta renta, lejos de verla, como dicen sus críticos, como un dinero a cambio de nada, incentivaría el sentimiento de ciudadanía y debería ir ligada a una serie de prácticas obligadas como el pago de impuestos, el cumplimiento de las leyes y el respeto a la propiedad privada y pública.