Esta es la principal conclusión de un estudio elaborado por Miguel Sánchez Romero, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, y publicado en un número extraordinario de la Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que ha tenido acceso Servimedia.

El trabajo, presentado bajo el título de "Cuantificación de los efectos de la jubilación gradual y flexible", concluye que el nuevo sistema "no es por sí solo suficiente como para inyectar el capitalnecesario que permita asegurar a largo plazo la viabilidad del sistema contributivo de pensiones de la Seguridad Social".

Por ello, el autor considera "necesario que se sigan instrumentando nuevas medidas que permitan afianzar, para el futuro, la tan ansiada viabilidad del Sistema".

El sistema de Jubilación Gradual y Flexible permite a los trabajadores prolongar su vida laboral más allá de los 65 años con mejoras en su pensión del 2% anual siempre que hayan cubierto 35 años de cotización. Asimism, permite la compatibilización del trabajo a tiempo parcial con la percepción de la parte proporcional de la pensión.

El autor del estudio afirma que las ventajas de este sistema "no sólo son individuales, sino también afectan al conjunto de la sociedad", ya que incide directamente en la relación entre los trabajadores que financian las pensiones y los jubilados que las perciben.

La conocida como "jubilación a la carta" beneficia "a todos los sectores implicados": a las empresas porque obtienen rbajas en la cotización a la Seguridad Social, que alcanzan el 100% a partir de los 65 años; además, las empresas "ganan en competitividad" al disminuir los costes del trabajo.

Según los cálculos efectuados por el investigador de la Autónoma de Madrid, un trabajador cuyo coste para la empresa era de 24.683 euros al año antes de la aprobación de la jubilación gradual y flexible, con la nueva ley pasa a costar 12.481 euros, lo que se traduce en un ahorro para la compañía de 12.201 euros al año.

La Sguridad Social también se beneficia porque retrasa el pago de la prestación; mientras que el propio trabajador tiene como incentivo, además de una mejora en su pensión, el que "podría verse más satisfecho con la posibilidad de jubilarse de forma gradual".

Sin embargo, pese a esos beneficios y a que el sistema puede suponer un "reclamo suficiente" para que algunos colectivos retrasen su edad de jubilación, no lo es "para todos".

MAS DEL 2%

Para que la mayor parte de los colectivos se viesen animdos a jubilarse más allá de los 65 años "el incremento anual de la base reguladora tendría que ser significativamente más elevado que el 2%" actual, es decir, que la pensión mejorara más de un 2% anual como establece la ley aprobada por el Ejecutivo.

Asimismo, otro de los hechos que limita la extensión del modelo es la existencia de topes máximos en las pensiones, que hace que algunos ciudadanos no puedan ver mejorada su prestación por más años que trabajenal haber alcanzado ya la cuantía máxima fijda por ley.

Por ello, los trabajadores que pueden tener un "claro incentivo" a prolongar su vida laboral son "fundamentalmente aquellos que no alcanzan el tope máximo de pensión con los años cotizados al cumplir los 65, quienes poseen una cierta adicción al trabajo y aquellos para los que la diferencia entre el último salario y la primera pensión es más acusada".

El autor considera, no obstante, que a medida que vaya aumentando la esperanza de vida de los españoles "más individuos se sentirán atrídos por la posibilidad de acogerse al plan de jubilación gradual y flexible".

El autor sostiene, asimismo, que el sistema de Jubilación Gradual y Flexible nunca supondrá para la Seguridad Social un mayor gasto al ahorro que produce.

"En ningún caso el coste directo será mayor que la pensión total", ya que, de lo contrario, el modelo "supondría un mayor coste directo para la Seguridad Social, lo que estaría fuera de toda lógica" e "incrementaría el déficit futuro esperado del sistema contributivode pensiones".