Los parlamentarios verdes recordaron que el octavo informe de la Comisión de la Comunidades Europeas mantiene que nuestro país ha infringido normas relativas a la conservación y protección de aves, la implantación de la gasolina sin plomo y las que hacen referencia a la emisión de ruidos.

Juan María Bandrés, junto a diversos reponsables de este grupo, copuesto por 27 personas de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y España, presentaron hoy en rueda de prensa las propuestas que llevarán a la "cumbre" por la Tierra de Río de Janeiro.

Durante su estancia en Madrid, mantendrán una reunión con el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y el secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, Vicente Albero, para pedirles información sobre la aplicación de las directivas comunitarias en nuestro país y solicitarles u estricto cumplimiento.

La presidenta del Grupo Parlamentario Europeo de Los Verdes, Gramon-Daiber, manifestó que la CE debe presentar propuestas unilaterales ante la conferencia para evitar que triunfen posturas más restrictivas procedentes de otros estados desarrollados, principalmente de EE.UU.

Por su parte, Paul Lannoye, copresidente de este grupo parlamentario, advirtió sobre la posibilidad de que la "cumbre" de Brasil sea un fracaso e instó a los países de la Comunidad Europea a que presioen a todos los estados de la OCDE para constituir un fondo financiero que ayude al Tercer Mundo a realizar un desarrollo sostenible.

Lannoye recordó que la Comunidad Europea es responsable del 15 por ciento de las emisiones mundiales de CO2, produce el 30 por ciento de los CFCs, absorbe el 20 por ciento de las importaciones de madera y realiza el 70 por ciento de las exportaciones de pesticidas.

"La CE", dijo, "puede cambiar la situación en el mundo adoptando decisiones unilateralmente. Alguien tene que dar el primer paso".

SOLUCIONES

Como solución a los problemas medioambientales de ámbito planetario, Los Verdes proponen la implantación en Europa, a partir de 1993, de un impuesto que grave la utilización de las fuentes de energía convencionales, incluida la nuclear.

Una sexta parte del importe de esta tasa financiaría un programa de ahorro energético y promovería la utilización de fuentes renovables y otra sexta parte iría destinada a un nuevo fondo de ayuda a los países de la Europa el este y los estados en vías de desarrollo.

El fondo debería contar con un presupuesto anual creciente, para que en el año 2000 alcanzara los 125.000 millones de dólares (más de 12 billones de pesetas), y sería financiado con una parte del impuesto energético, la aportación del 1 por ciento del producto interior bruto de los países desarrollados y un 10 por ciento del dinero que actualmente absorben los presupuestos militares.

Esta iniciativa debería ir acompañada de una reducción del 20 por cieto de las emisiones de CO2 en el año 2000 y de la desaparición de la producción de los CFCs y las sustancias destructoras de la capa de ozono en 1993.

El copresidente de los eurodiputados verdes señaló que la creación de estos mecanismos de financiación eliminaría la opinión contraria a la eliminación de los CFCs que mantienen España y otros gobiernos de los países mediterráneos.

Respecto al tratado sobre biodiversidad, sostienen que el 20 por ciento de la superficie terrestre debe contar con algna figura de protección.

Asimismo, pidieron una moratoria sobre la importación y exportación de maderas procedentes de las selvas tropicales, de los bosques del norte o de climas templados mediterráneos, hasta que los investigadores no desarrollen métodos de cultivo y corte de madera que respeten los ecosistemas.

Sin embargo, los parlamentarios verdes temen que los dos documentos más significativos que deben salir de la "cumbre" de Río de Janeiro, la Carta de la Tierra y la Agenda 21, queden reduidos a simples tratados de "buenas intenciones que no prevean la constitución de fondos e instituciones que puedan hacer realidad los posibles acuerdos que se tomen allí".

Para evitarlo, Lannoye aseguró que la Agenda 21 debe proponer soluciones a asuntos como el cambio climático, la deuda externa de los países en vías de desarrollo, la política agrícola, la explotación racional de los recursos energéticos, la reducción de los gastos militares, la protección de los bosques y el reconocimiento de los deechos de los pueblos indígenas.