El juzgado de lo Mercantil de Bilbao ordenó el pasado 25 de marzo "el cese provisional inmediato por EDF en la realización de declaraciones ambiguas y en la difusión de informaciones contradictorias en relación con la adquisición del negocio de Iberdrola", por considerar que se trata de un presunto caso de competencia desleal por parte de EDF.

Días después, EDF presentó una "declinatoria de competencia internacional", en la que negaba la autoridad de un juzgado español (el de Bilbao) sobre una entidad gala.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco ha concedido a Iberdrola y a la Fiscalía un plazo de diez días para presentar sus alegaciones en contra del escrito remitido por EDF al juzgado de Bilbao.

Una fuente del Tribunal explicó hoy a Servimedia que cabe esparar que, en estos 10 días, Iberdrola insista en sus argumentos y en defender la competencia del citado juzgado vasco en el caso. Por ello, indicó que el asunto tendrá que acabar en manos de la Unión Europea, que será quien decidirá.

Iberdrola pidió ayer la ejecución forzosa de las medidas cautelares por parte de EDF. Además, ha pedido que se otorguen cinco días más al grupo francés para que cumpla voluntariamente con las medidas cautelares marcadas por el juzgado bilbaíno.

La eléctrica española exige que, de no hacerlo, se acuse a EDF de un delito de "desobediencia grave" y, hasta ver qué ocurre, está a la espera de ver cómo se mueve la eléctrica francesa, según una fuente de la compañía.