Santos y otros dos consejeros de Macosa comparecieron ayer por la mañana ante el fiscal Jiménez Villarejo, al que declararon que habían pagado 30 millones de pesetas a Pascual Estevill para obtener la libertad de Federico Albiñana, ex consejero delegado de Macosa, y revocar la orden de prisión contra el propio ex subsecretario del Ministero de Industria.

Tras esta comparecencia, y dado que la Audiencia Nacional instruye en la acualidad el 'caso Macosa', el fiscal les indicó que denunciasen los hechos ante el juez Moreiras, instructor de dicha causa, lo que hicieron posteriormente.

Así, prestaron declaración ante el magistrado poco después Santos, Pedro Nueno, Ignacio García Nieto y Nicolás Garrido Berasategui, ex directivos de Macosa, quienes indicaron haber sido víctimas de un chantaje por parte de Pascual Estevill. Asimismo, Santos había denunciado previamente al juez haber sufrido extorsiones también de la Asociación de Dfensa del Accionista.

Respecto al vocal del CGPJ, que tiene pendientes otras 7 querellas por prevaricación y delito fiscal ante el Tribunal Supremo, Santos afirmó que en diciembre de 1982 les pidió un total de 300 millones de pesetas a través del despacho de abogados de Juan Piqué Vidal y Juan Vives Rodríguez con el fin de obtener la excarcelación de Albiñana y revocar la orden de prisión dictada contra él por Pascual Estevill, quien instruía una querella contra los ex directivos de Macosa por un presnto delito de estafa.

Según declararon ayer ante el fiscal anticorrupción, esa cuantía suponía aproximadamente un 30 por ciento del presunto fraude del que estaban acusados en el 'caso Macosa', aunque precisaron al juez Moreiras que dicha cantidad fue rebajada hasta los 30 millones que finalmente entregaron a Pascual Estevill a través del abogado Vives.

Agregaron que tras este pago, realizado en diciembre de 1992, Pascual Estevill revocó el auto de prisión y la orden de busca y captura contra Sanos, al que dejó en libertad bajo fianza, y excarceló a Albiñana, quien permanecía en la cárcel Modelo de Barcelona. El juez tomó estas resoluciones a pesar de que unos días antes se había inhibido de la investigación a favor de la Audiencia Nacional.

De acuerdo con las citadas fuentes, los ex directivos de Macosa reconocieron que no habían denunciado estos hechos en anteriores declaraciones ante el juez Moreiras y precisaron que lo hacían ahora dado que el presunto delito de cohecho prescribe a los trs años para los que pagan, de acuerdo con el nuevo Código Penal, aunque sigue vigente para el funcionario que lo comete, que sería el caso de Pascual Estevill.

Añadieron que, sin embargo, los denunciantes no aportaron ninguna prueba sobre estos hechos, aunque, al parecer, sí las entregaron al fiscal anticorrupción.

Tras recibir copia de la denuncia formulada ante Jiménez Villarejo, el juez Moreiras acordó acumularla a las diligencias por el 'caso Macosa', aunque no se descarta que pueda remitir l que atañe a Pascual Estevill al Tribunal Supremo, dado que es aforado por ser vocal del CGPJ. Por el momento, el magistrado procede a estudiar esta denuncia con el fin de analizar si afecta al caso.

Por otra parte, Santos también denunció hace unos meses ante el juez Moreiras haber sido presionado por la Asociación de Defensa del Accionista, que, según su testimonio, le pidió 60 millones de pesetas a cambio de retirar la querella que había interpuesto contra los ex directivos de Macosa por un presunt delito de estafa. Esta denuncia fue remitida posteriormente por el magistrado a los juzgados de Madrid.

Además de estas denuncias, Pascual Estevill también fue acusado en días pasados de cohecho por Lorenzo Rosal y Felipe Bertrán, quienes también habían presentado una querella por prevaricación contra el vocal, que instruye el Tribunal Supremo.

En concreto, el primero denunció ante el fiscal anticorrupción haber pagado 25 millones de pesetas al hijo del vocal, Javier Pascual Franquesa, para obteer la libertad de dos de sus socios, Pedro Olabarría y Luis Ignacio Romero. El segundo aseguró haber recibido una petición de 300 millones para obtener el archivo de la causa que contra él instruía Pascual Estevill.