En un auto hecho público hoy, el instructor de la causa impone a Pascual Estevill una fianza de 135 millones de pesetas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran derivarse, advirtiendo al vocal que si no la constituye en un plazo de 15 días procederá al embargo de sus bienes.

El magistrado rechaza, sin embargo, acordarla suspensión de las funciones jurisdiccionales de Pascual Estevill en el caso de que se reincorpore a su plaza de magistrado de Barcelona cuando abandone el CGPJ, tal como le solicitaron las acusaciones particulares.

Además, tras declarar competente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para enjuiciar a Pascual Estevill, dado que es aforado por ser vocal del CGPJ, concede un plazo de 5 días a éste para que presente su escrito de defensa, antes de elevar la causa al tribunal que deberá juzgarle.

En su escrito de acusación, el fiscal del Tribunal Supremo consideró que Pascual Estevill incurrió en un delito continuado de prevaricación cometido durante la etapa en que ejerció como magistrado en Barcelona por haber ordenado el ingreso en prisión de varias personas sin motivo.

Por ello, pidió que el vocal indemnice con 11.500.000 pesetas a los 6 perjudicados por su actuación: Enrique Marugán, Lorenzo Rosal Bertrand, Pedro Olabarría, Luis Fernando y José Ignacio Romero y Modesto Joaquín González. Según el fiscal, Pascual Estevill cometió dicho delito cuando, sustituyendo al titular de un juzgado de Barcelona que se encontraba de vacaciones en septiembre de 1994, se hizo cargo de una causa, iniciada por una querella de Banesto, en la que estaban involucradas dos personas con las que había tenido relaciones profesionales previamente, Lorenzo Rosal y Enrique Marugán.

En concreto, Pascual Estevill había sido abogado de la empresa "Bertrand y Serra S.A.", perteneciente a Lorenzo Rosal, que decidó contratar a primeros de 1978 a otro abogado, Enrique Marugán, quien aconsejó a dicha sociedad que prescindiera de los servicios del vocal ante las pérdidas que había tenido por diversas inversiones.

Así, tras citar a declarar como imputados a Marugán y a Rosal, quienes ni siquiera eran mencionados en la querella, decretó posteriormente su detención y la de los otros afectados "pese a que ni del escrito de querella de Banesto ni de las declaraciones prestadas ese día se deducía racionalmente indiciosde que los querellados fuesen presuntamente responsables de delito alguno y pese a su conocido arraigo y voluntaria comparecencia en el juzgado, en el que permanecieron todo el día", según el fiscal.

Cuando el titular del juzgado se reincorporó a su plaza, dejó sin efecto las órdenes de detención porque no había indicios de delito, acordando el archivo de las actuaciones poco después.

Además de esta causa, Pascual Estevill está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito fisal, al haber ocultado a Hacienda 160 millones de pesetas, según el fiscal anticorrupción que ahora también indaga una presunta falsedad por parte del vocal.

Por esta causa, ya declaró Pascual Estevill, su esposa y dos de sus hijos, debiendo comparecer mañana como testigos otro hijo, así como familiares y otros socios de vocal.

Además, Pascual Estevill se vió involucrado en un supuesto intento de compra del voto de un vocal del CGPJ, al que presuntamente ofreció a cambio colocar a su hijo en La Caxa, y en la supuesta filtracion de actas de inspección del consejo sobre varios juzgados de Barcelona, lo que provocó que fuera propuesto su cese.

Sin embargo, el vocal continuó en el consejo con el apoyo de los vocales conservadores, lo que motivó las dimisiones de 6 consejeros, que fueron aceptadas ayer por el presidente del CGPJ, Pascual Sala, provocando una crisis en el máximo órgano de Gobierno de los jueces.