Ibarra afirma en una nota de prensa que "los incidentes y sucesos violentos no son aislados y se reiteran todos los fines de semana. Los decretos de Cataluña y el anunciado en Madrid, sólo palian el problema, afirma Ibarra en una nota de prensa".

"El crimen cometido con Álvaro Ussía reabre el debate sobre la seguridad ciudadana en locales de ocio. Los abusos y malos tratos no son sucesos ocasionales, aislados, que esporádicamente se producen", añade.

A su juicio, las conductas violentas y agresivas de los "controladores de accesos" (puertas) y los "controladores de sala" (seguratas) están a la orden del día en todas las ciudades y comunidades autónomas de España.

Ibarra destaca que "el ejercicio abusivo de poder, las prácticas arbitrarias de acceso a locales, las humillaciones, los golpes y palizas, las conductas de matonismo son habituales en muchos locales de ocio nocturno y los 'puertas y seguratas', argots por los que se les conoce en el sector, son parte del problema de inseguridad ciudadana en este ámbito".

Asimismo, señala que "en los casos más graves de lesiones se suelen realizar denuncias y son numerosas, aunque en la mayoría de ocasiones los usuarios cambian de local de ocio y renuncian a complicarse la situación en un juzgado".

No obstante, aclara, son decenas de jóvenes los fallecidos desde 1992, año que entró en vigor la Ley de Seguridad Privada que debería haber resuelto el problema y que dejó sin regular esta actividad.

El sector afectado por estas "funciones de control" alcanza al menos a 140.000 personas en España pudiendo alcanzar cifras superiores. Estas personas ejercen funciones de seguridad sin que la Ley de Seguridad Privada les faculte para tal labor, siendo escasas las inspecciones al respecto.

En este sentido, también aclara que esto se produce no solo en discotecas, también en bares de copas, salas de fiesta, locales de alterne y espectáculos diversos en todas las ciudades españolas, en pueblos y en rutas específicas de ocio nocturno.

"Ni la norma administrativa del derecho de admisión adoptada en Cataluña, ni la futura norma anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen capacidad para reglar la función de seguridad", insistió Ibarra

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia explicó que estas normas sólo pueden paliar limitadamente la situación pero no resolverla, dado que su ejercicio es competencia del Estado y está regulado por la Ley de Seguridad Privada (LSP) que actualmenteexcluye esta actividad de controladores de aceso y sala.

Por ello, Ibarra resalta que "sólo su regulación en el marco de la LSP podrá encauzar la perspectiva de solución de un problema grave, enquistado en el ocio nocturno y en actividades diurnas, debiendo formular la habilitación y los requisitos de formación, titulación, control e inspección, las sanciones por infracción en el servicio y todos aquellos aspectos para garantizar el cumplimiento de la citada ley".