El CES señala que los déficit de la producción científica y técnica española derivan en parte de la insuficiente dotación de recursos y de la escasa coordinación en la gestión de los programas invesigadores.

Para el consejo, dado "el retraso español en esta materia respecto de los países más avanzados", el decreto supone "un primer paso hacia el establecimiento de un marco común para los investigadores becados".

Confía en que ese marco común permitirá, respetando las singularidades necesarias en función de los proyectos y de las propias entidades becantes, una mejor coordinación y una más adecuada ejecución de la política científica española.

El consejo cree que la inclusión del becari en el régimen general de la Seguridad Social es "un primer paso en el esfuerzo que el sistema científico español debe realizar para fomentar la incorporación y la permanencia de las personas más cualificadas en la carrera investigadora".

El CES remarca que el decreto sólo afecta al sector público, pero ve deseable que en el futuro se aborde una regulación específica para el privado.