Según establece la ley, los comerciantes catalanes deberán estar en condiciones de atender a los ciudadanos en lengua catalana. Asimimo, los productos deberán estar etiquetados, como mínimo, en esta misma lengua.

El apartado de los derechos lingüísticos del estatuto contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popuar, que ya había solicitado en diversas ocasiones que se suprimiera por considerar que la ley podría llegar a imponer el uso del catalán. En este sentido, el PP piensa que esta cuestión podría ser anticonstitucional.

Según manifestó el diputado de Convergència i Unió (CiU) Josep Sánchez Llibre "el Gobierno catalán quiere aplicar con fuerza los derechos lingüísticos de los consumidores, y no por la vía de la coacción sino por la del convencimiento".

El representante de CiU explicó asimismo que el obierno de la Generalitat consultará con los sectores afectados para llevar a la práctica esta ley, y que se respetará la normativa comunitaria sobre la cuestión.

Otros aspectos contemplados por el Estatuto del consumidor se refieren a la creación de tribunales de arbitraje para regular las reclamaciones en materia de consumo y el derecho de las organizaciones de consumidores a participar en la elaboración de los textos legales que afecten a los usuarios.