Tras indicar que él y sus defendidos son "los primeros interesados en que esto se aclare pronto y satisfactoriamente", agregó que "no sabemos si por intereses de terceros o por la sequía informativa que trae el verano, esta cuestión se ha convertido casi en una cuestión de Estado, y llegamos a extremos tan absurdos de que todos los derechos que se le reconocen a cualquier persona en este país, como tiene que ser, se les niegan a nuestros defendidos".

"Tal es así que ayer el Ministerio de Defensa dictó una serie de resoluciones en unos presuntos -y digo presuntos- expedientes gubernativos contra nuestros defendidos suspendiéndoles de funciones, expedientes que conocimos su existencia por la prensa. A día de hoy hay algunos que ni siquiera han recibido la notificación de suspensión, y ayer otros las recibieron a partir de las 8 o las 9 de la noche; sin embargo, ya era una noticia conocida por la mañana", declaró el letrado a la Ser.

CUMULO DE FACTORES

Arduán, que se encarga de la defensa de los ocho guardias y del teniente sancionados, declaró que en este caso concurren un cúmulo de factores sin los cuales no se hubiera producido el fatal desenlace, como los posibles padecimientos personales de la víctima, la posible alteración del estado anímico y psíquico que se derivaría del consumo de alcohol y otras drogas, su excitabilidad, sus problemas de control térmico o el forcejeo que mantuvo con los agentes.

El abogado dijo que nadie puede afirmar que la Guardia Civil, de forma casi habitual o en numerosas ocasiones, se dedique a agredir brutal e incontroladamente a la gente, por lo que la pura lógica indica que "tiene que haber ocurrido algo extraordinario" para que se produjeran los hechos que acabaron con la vida de Juan Martínez Galdeano.

Defendió que los resultados de la autopsia no demuestran en ningún caso que el fallecido fuera agredido de forma activa. "Lo único que realiza la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de su obligación, es tratar de reducirlo para la continuación de una serie de diligencias policiales y sanitarias como consecuencia de que este señor se encontraba en la situación legal de detenido", indicó.

Respecto a las lesiones descritas en el informe realizado por los autores de la autopsia, Gustavo Arduán manifestó que todas esas lesiones son fruto del largo forcejeo que mantuvo con los agentes, durante el cual se produjeron arrastramientos y revolcones.

"Estamos hablando de un periodo de tiempo de aproximadamente cuarenta o cincuenta minutos con distintos episodios", dijo el abogado, durante los cuales mantuvo actitudes de agresividad hacia los agentes, a consecuencia de las cuales sufrió lesiones como erosiones o excoriaciones. "Un señor que se encuentra solamente en ropa interior y que sufre un forcejeo en varios momentos, con varios agentes, en un suelo de gravilla, lógicamente se produce esas lesiones".

FRACTURA DEL ESTERNON

Según el letrado, la única lesión grave que revela la autopsia es la fractura del esternón, que se podría haber producido por tres causas: por la fuerza que la víctima hizo al agarrarse a un mástil, por una práctica incorrecta de las técnicas de reanimación o, finalmente, por un golpe seco y contundente.

A su juicio, de todas las demás lesiones ninguna es de carácter activo, sino que son fruto de la residencia de la víctima y la necesaria fuerza que tuvieron que realizar los agentes para la detención de una persona corpulenta que se resiste.

Por lo que se refiere a los testimonios de supuestos testigos que aseguran haber visto cómo los guardias daban una tremenda paliza a Juan Martínez Galdeano, comentó que si una persona ha sido testigo de una brutalidad de este tipo, ocurrida hace casi dos semanas, lo que debería haber hecho es acudir de forma inmediata a denunciarlo y prestar declaración, lo que no ha sucedido por el momento. Por tanto, dijo el abogado, "la credibilidad de estos testigos es muy relativa".

Además, comentó que según estos testimonios, todos estos acontecimientos habrían ocurrido en público, no en una dependencia cerrada. "Desde el punto de vista lógico, parece poco probable que una serie de guardias civiles, en un número considerable, se dediquen, como dicen estos testigos, a machacar a la gente (en público)", declaró.

Arduán Pérez reconoció que el teniente utilizó una porra eléctrica no reglamentaria, lo que únicamente significa que se trata de un elemento que no forma parte de la dotación oficial de la Guardia Civil, pero no que esté prohibido.

Según el abogado, lo que la justicia debe determinar es si todo lo ocurrido -cosa que no niegan los guardias civiles- fue proporcionado y adecuado en función de las circunstancias o no lo fue.