Dicho Real Decreto Ley establece que, a partir de su entrada en vigor, se iniciarán los trámites necesarios para rebajar las tarifas de peaje satisfechas por los usuarios de las autopistas sujetas a concesión en un 7% de su importe, indicando que la pérdida de ingresos que suponga dicha reducción de tarifas será liquidada por la Administración General del Estado a cada sociedad concesionaria de su ámbito competencial.

Asimismo, recoge que, cuando el concedente fuera una Comunidad Autónoma, la Administración General del Estado podría celebrar Convenios de Colaboración con ésta a los efectos de llevar a cabo la correspondiente liquidación.

De acuerdo con el Protocolo General suscrito entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya el 27 de julio de 1999 para la aplicación del citado Real Decreto Ley, ambas Administraciones se comprometieron a suscribir cada año los referidos convenios de colaboración.