La controversia hace referencia a la regulación por parte de la Comunidad Autónoma de la instalación y uso del tacógrafo en los transportes por carretera, ya que, como ha señalado expresamente el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, esta regulación corresponde al Estado.

La ley canaria planteaba diversos problemas de constitucionalidad, que han podido ser resueltos mediante el acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, según el Gobierno español, no ha sido posible lograr el compromiso expreso de la Comunidad Autónoma de Canarias para derogar las normas relativas al uso e instalación del tacógrafo contenida en la ley autonómica, por lo que en este punto el Gobierno recurre ante el Constitucional la ley autonómica, al entender que vulnera la competencia estatal sobre esta materia.