Con esta decisión, más prematura de lo que los analistas financieros esperaban por la volatilidad de los mercados bursátiles, el Estado se reserva una participación algo superior al 25 por cien, y no tendrá que ejercer los derechos políticos que le cncede la llamada "ley de privatizaciones".

Esta regulación plantea la posibilidad de la Administración de ejercer determinados derechos sobre decisiones estratégicas que afectan al futuro y permanencia de grupos empresariales en los que el Estado cuenta con una participación minoritaria.

En la decisión del Consejo, el Gobierno autoriza al INH a diseñar la venta y fijar las condiciones de colocación en los mercados, aunque ya está decidido que vaya dirigida tanto a inversores minoristas como instiucionales, con incentivos especiales para las opciones de compra más pequeñas.

Asimismo, el responsable de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, de cuyo departamento depende el INH, ha explicado al resto del Gabinete que la colocación institucional de acciones se hará en cinco tramos: España, Reino Unido, Europa Continental, Estados Unidos y resto del mundo.

Los responsables de Repsol trabajan ahora en el diseño de la operación en el reparto de los paquetes de acciones que irán a cada grupo de inverores y a cada tramo de colocación.

Entre los motivos que han empujado a los responsables del INH y de Industria a acelerar la colocación figura la necesidad del Ejecutivo de reducir el déficit público y los buenos resultados del grupo petrolero, 96.803 millones de pesetas de beneficios en 1994, un 21 por cien más que en 1993.