Así consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo relacionada con el caso de la profesora de Religión de Almería Resurrección Galera, a la que el obispado no le quiere renovar el contrato el próximo curso por haberse casado con un divorciado.

La contestación afirma que, aunque "no parece razonable admitir que la aparición de un caso aislado y sin precedentes e el ámbito de la enseñanza religiosa" pueda determinar la revisión del acuerdo con El Vaticano, "si determinadas circunstancias objetivas lo exigieran, indudablemente se estudiaría la posibilidad de revisarlo".

El Gobierno recuerda que la legislación vigente deja claro que "la Administrción educativa tiene solamente la condición de 'empleador' de los profesores de Religión que le sean propuestos por el ordinario de cada diócesis, es decir, se limita a sufragar los costes de la enseñanza religiosa en ls centros públicos".

La respuesta subraya que la Administración "carece, pues, de toda facultad legal para estimar la competencia de tales profesores, para proponer su nomibramiento y, por supuesto, para concederles o denegarles la imprescindible Declaración Eclesiástica de Idoneidad".

Agrega que "no puede ni debe inmiscuirse legalmente en los criterios éticos o doctrinales" que la Iglesia aplique para elegir a los profesores de Religión.

Ante las peticiones de la oposición para que la minisra Pilar del Castillo intervenga en el caso de la docente de Almería, fuentes del Gobierno dijeron hoy a Servimedia que la posición de la titular de Educación "coincide" con las tesis de la citada respuesta parlamentaria.