El incendio se produjo el 29 de julio de 199 en una celda de la zona de ingresos de la prisión provincial de Santander. El preso fue trasladado al hospital de Cruces, de Baracaldo (Vizcaya), donde murió nueve días después, debido a las graves quemaduras que sufrió.

El Supremo argumenta que no se puede probar si el fuego fue fortuito o intencionado, por lo que "no puede pretenderse imputar el incendio al interno fallecido".

Asimismo, recuerda que, según el director del centro penitenciario de Santander, tampoco es posible saber con certezasi los extintores que se utilizaron para apagar el fuego "estaban en condiciones correctas".

Además, el Alto Tribunal señala que en el lugar de los hechos "no existían instalaciones o mecanismos de detección de incendios, aspersores de agua de disparo automático por incremento de temperatura, o bocas de incendios con mangueras".

Por estas razones, el Supremo declara la responsabilidad contractual de la Administración por la muerte del preso tras el incendio, y le obliga a pagar a la viuda y el hio del fallecido la cantidad de quince millones de pesetas en concepto de indemnización.