Entre los acuerdos más significativos destaca la creación de una comisión que investigará la "situación, evolución y gestión del patrimonio de Mariano Rubio, así como el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas, durante el periodo en que ejerció cargos públicos de responsabilidad en el Banco de España".

La puesta en marcha de esta comisión es fruto de un acuerdo entre socialistas y nacionalistas catalanes. En un pincipio, CiU solicitaba que la investigación tuviera como punto de partida el nombramiento de Rubio como gobernador del Banco de España, pero el PSOE, a través de una transaccional, amplió el plazo de fiscalización hasta la fecha en que empezó a desempeñar cargos de responsabilidad.

Los diputados que formen parte de la "comisión Rubio" dispondrán de un plazo de treinta días para elaborar sus conclusiones.

Por otra parte, la Cámara aprobó una resolución presentada por CiU e IU para que en una próxma reforma del Reglamento queden regulados los supuestos de levantamiento del carácter secreto para las comisiones de investigación, con excepción de aquellas que se refieran a secretos oficiales.

También en el capítulo de la lucha contra la corrupción, otras enmiendas que contaron con el visto bueno del Congreso tienen como finalidad endurecer los delitos para los casos de tráfico de influencias, acelerar el proceso para nombrar las vacantes de los órganos constitucionales, que el Parlamento someta aun examen previo a los altos cargos y conceder mayores competencias al Tribunal de Cuentas en su labor como órgano fiscalizador.

PROPUESTAS ECONOMICAS

En materia económica, el Congreso dio 'luz verde' a una serie de resoluciones de CiU relacionadas con la contención del gasto público, la adopción de incentivos para facilitar la capitalización de las empresas, la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y la revisión del régimen fiscal aplicado a los planes de pensiones.

Igualmente, fe aceptada otra iniciativa de los nacionalistas catalanes sobre la necesidad de agilizar los procedimientos referidos a conflictos de morosidad y delitos económicos con motivo del incumplimiento de las obligaciones de pago de cheques, pagarés y letras de cambio.

La propuesta insta al Ministerio de Economía y al Banco de España a instrumentar mecanismos de detección, control y penalización de aquellas personas físicas o jurídicas que actúan como morosos, con la finalidad de mejorar las garantías de funionamiento del tráfico mercantil.