Precisamente la tardanza en la concesión de estas indemnizaciones, previstas en l Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 (aprobada hace casi dos años), ha sido motivo de protesta por parte de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos (Resistentes Antifascistas), que pide más celeridad.

Según la respuesta parlamentaria del Ejecutivo, "desde el primer momento la Administración ha establecido todos los mecanismos a su alcance encaminados a resolver las indemnizaciones en favor de quienes sufrieron privación de libertad, durante tres años o más, en establecimiento penitenciarios".

La situación actual del proceso es la siguiente: de las 99.147 solicitudes recibidas, han sido reconocidas 29.234, pero sólo han sido pagadas 24.794, lo que ha supuesto un desembolso para el Estado de 26.668 millones de pesetas, es decir, una indemnización media de 1.075.583 pesetas por persona.

El Gobierno ha creado una unidad específica, "dotada con medios materiales y humanos suficientes", en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Ecnomía y Hacienda, que se encarga de resolver cada una de las solicitudes.

Por su parte, el Ministerio de Justicia ha creado un Servicio de Atención al Ciudadano que canaliza todas las peticiones de certificados de tiempos de prisión, tanto en establecimientos civiles como militares.

Actualmente hay 14.358 solicitudes pendientes de que los interesados justifiquen el tiempo transcurrido en prisión, ya que con la documentación presentada no se alcanza el mínimo de tres años necesario para tener dereho a la indemnización.

Por su parte, la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos ha exigido al Gobierno que indemnice antes de seis meses a todos los ex presos del franquismo que hayan presentado la documentación en regla.

Además, considera que hay muchas personas que permanecieron en cárceles que han desaparecido o en conventos y cuarteles de la Guardia Civil acondicionados como prisiones, por lo que no pueden conseguir la documentación necesaria para acceder a esta ayuda.

La asocición pide también al Gobierno que pague 200.000 pesetas a los ex presos que pasaron hasta dos años en prisión y 400.000 a los que permanecieron hasta tres, pero sin rebasar este periodo.