Según esta organización, la Directiva de Aves ha tenido una trasposición inadecuada al ordenamiento jurídico español, lo que provoca que se incumpla de forma casi sistemática.

El 2 de abril de 1979, el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó la ciada directiva, cuya finalidad es la conservación de las aves silvestres, mediante la cual se pretendía poner fin al grave proceso regresivo de las poblaciones de muchas especies, especialmente las migratorias.

Dicha directiva fue la primera norma comunitaria para la conservación de la naturaleza y entró en vigor en España en 1987, tras el ingreso de nuestro país en la Comunidad Europea. En el Estado Español, la necesidad de trasponer la Directiva de Aves fue el detonante para poner en marcha una Ley d Conservación de la Naturaleza.

Pese a esta nueva ley, la Directiva de Aves no ha llegado a ser plenamente traspuesta al ordenamiento jurídico español en los 20 años transcurridos, destacando, por ejemplo, el hecho de que las ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves) y su conservación no encuentran reflejo en la normativa nacional, asegura la plataforma ecologista en el informe.

A juicio de esta organización, es imprescindible proceder al reconocimiento formal como figura de protección d las ZEPAs, la publicación en el BOE de todas las ZEPAs, así como su delimitación territorial exacta y la regulación de los procesos de modificación o constitución de nuevas ZEPAs.

Según el artículo 4.1 de la Directiva de Aves, los estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de designar como ZEPAs los territorios más adecuados en número y superficie para garantizar la conservación de las especies incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves, que incluye 181 especies y subespecies de aes.

España cuenta actualmente con 172 ZEPAs que ocupan casi 3,5 millones de hectáreas, lo que supone el 6,5% del territorio español. A juicio de los conservacionistas, dicha red es totalmente insuficiente para garantizar la conservación de las aves y no asegura la protección de algunas especies en mayor peligro.

Así, mientras las aves rapaces y acuáticas cuentan en general con una adecuada cobertura de protección, al estar la mayoría de sus poblaciones en ZEPAs, otros grupos de especies, fundamenalmente aves esteparias y forestales, se encuentran poco representadas en dichas zonas.

De las especies catalogadas en peligro de extinción, la cigüeña negra y el urogallo cantábrico son posiblemente las dos especies que menor cobertura de protección tienen en ZEPAs, ya que las dos cuentan con menos del 40% de su área de distribución protegido como Zona de Especial Protección para las Aves.

Ecologistas en Acción indica en el informe que entre las comunidades autónomas más deficitarias en ZEPAs, dstaca el caso de Galicia, que ha declarado como ZEPA menos del 0,5% de su territorio. Le siguen otras comunidades autónomas, como Cantabria y Valencia, que no han declarado ni el 2% de su territorio.