A principios de 2005, había en España 2.387.414 personas al servicio de las Administraciones Públicas, de las que sólo 540.868 estaban bajo la disciplina del Estado, un 22,6% del total.

Por esas mismas fechas, las comunidades autónomas contaban con más del doble de efectivos que el Estado, al totalizar 1.190.607 empleados una vez completados los fortísimos procesos de descentralización registrados entre finales de los noventa y los primeros años de esta década para realizar las transferencias educativas y sanitarias a la práctica totalidad de los gobiernos regionales.

La Administración Local también ha superado en personal al Estado, y cuenta ya con 563.392 empleados, en su mayoría adscritos a los ayuntamientos (485.286) y el resto a diputaciones, cabildos y consejos insulares. Las Universidades, con 92.547 trabajadores, completan el elenco del personal en nóminas del sector público.

CAMBIAN LAS TORNAS

De la notabilísima descentralización experimentada por la Administración Pública española da idea el dato de que, todavía en 1995, trabajaban para el Estado casi uno de cada dos empleados públicos: 918.006 de 1.992.616.

Entonces, las comunidades contaban con 625.771 empleados, lo que significa que han doblado sus efectivos en sólo una década, mientras que, en el mismo periodo, el Estado ha reducido los suyos a casi la mitad. Actualmente, alrededor del 50% del personal del Estado español son policías (113.411), militares (115.425) o jueces y personal de la Justicia (22.569).

Los datos del Ministerio de Administraciones Públicas muestran que la Comunidad de Madrid, por tener como capital la ciudad que también lo es de España, es la única región en que hay más empleados estatales (160.205) que del Gobierno autónomo (146.532).

Por contra, en el País Vasco sólo están a las ordenes del Estado 14.300 personas, frente a los 58.372 de la comunidad. En Cataluña hay 31.883 funcionarios estatales, frente a 133.450 autonómicos; en Andalucía 84.503 frente a 234.722; y en la Comunidad Valenciana 32.436 frente a 116.449.