La garantía pública estatal es un sistema a través del cual el Estado asume el compromiso de asegurar las obras de relevante interés cultural que se presten para exposiciones celebradas en museos de titularidad estatal frente a la posible destrucción, pérdida, sustracción o daño que aquéllas puedan sufrir entre el acuerdo del préstamo y la devolución de la obra.

El otorgamiento no tiene, por tanto, un coste inmediato, sino un compromiso del Estado, como asegurador, para hacer frente a un pago si alguno de los bienes culturales resultase dañado.