En delaraciones a Servimedia, Maravall aseguró que 1993 será el año en el que el Gobierno cerrará con las comunidades autónomas de "vía lenta" la transferencia del Inserso y el que deberá redefinir las funciones del instituto.

El nuevo director general se ha encontrado ya cerrado el presupuesto para 1993, que asciende a 353.572 millones de pesetas, de los que 76.092 millones corresponden a la transferencia que se realizará a las comunidades autónomas con competencias en este campo.

Los asuntos más polmicos en la negociación con las comunidades, a juicio del director general, serán los relacionados con la gestión de los grandes centros y residencias de minusválidos y la definición de instrumentos de control y evaluación de los servicios sociales que ofrecen las comunidades.

Héctor Maravall indicó que los servicios centrales del Inserso ya transferidos no podrán ser un elemento de equilibrio en la distribución histórica de los recursos sociales del país. "El diseño autonómico de España no permite alo similar. Tan sólo podremos elaborar un Programa Nacional de Concertación de Plazas", dijo.

Por las especiales características e implicaciones políticas, el Estado no cederá a las comunidades la gestión de los centros de refugiados, uno de los tres colectivos de los que se ocupa el Inserso.

BUENA IMAGEN DEL INSTITUTO

En cuanto a los servicios destinados a la tercera edad, el director general aseguró que el problema es menor por la existencia del Plan Gerontológico Nacional, que podrá ser un elmento importante para evitar desigualdades en todo el Estado.

Maravall, que antes de acceder a este cargo era adjunto a la Secretaría Político-institucional de CCOO, considera que el instituto tiene una buena imagen, "pero muy parcial y asociada a cosas muy concretas y relacionadas con los ancianos y las residencias".

"En cambio", explicó, "la política sobre minusválidos que realiza el Inserso se conoce muy poco, lo mismo que sucede con el apoyo a programas de investigación de nuevas tecnologías e minusválidos, nuevas fórmulas de atención a los ancianos o los planes de supresión de barreras".

Ante el nuevo Inserso que en el próximo año debe definirse, su máximo responsable apuesta por continuar los trabajos de investigación y formación de profesionales, "como soporte de las políticas sociales".

Maravall criticó la falta de profesionales especializados en trabajo social que existen en España, "porque la política de servicios sociales siempre se ha asociado a la beneficencia, la caridad o a Iglesia y la atención directa de estas personas se dejaba en manos de voluntarios o religiosos".

POBREZA ASOCIATIVA

El apoyo de la sociedad civil a las instituciones que trabajan con los colectivos menos favorecidos es esencial a juicio de este experimentado sindicalista, "aunque en este aspecto estamos en mantillas. En España el voluntariado está centrado en torno a la Iglesia católica, y a veces tampoco se les puede catalogar como voluntariado".

"Del trabajo voluntario de los jóvenes o el d las personas mayores de 65 años, que están en perfectas condiciones para prestar ayuda a sus vecinos, se está empezando a hablar, pero existe una carencia histórica en el tema", dijo.

La relación del Inserso con las asociaciones de minusválidos y jubilados es "conflictiva en el buen sentido de la palabra". "Comprendo", añadió, "que una asociación está para pedir y reivindicar, aunque estimo que en el asociacionismo existe un cierto capillismo y una base escasa".

El papel de la Administración deb limitarse a apoyar las iniciativas y actuaciones de las asociaciones, "pero no a financiar la vida de las asociaciones", dijo.