Por otra parte, también ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Canarias a realizar una o varias emisiones de deuda pública apta para materializar las dotaciones a la reserva para inversiones, por un importe máximo de doscientos millones de euros.

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que éstas precisarán autorización del Estado para la realización de operaciones de crédito público.