Así figura en la respuesta escrita del gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, a una serie de preguntas parlamentarias realizadas por el diputado del Grupo Popular del Congreso José Manuel Otero Novas, en el debate de los Presupuestos del Estado de 1993.

En su respuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, Rojo cifra en 1,89 billones de pesetas la cantidad que tendría que haber abonado el Estado al Bnco de España si hubiese pagado cada año intereses similares a los de la deuda pública, que oscilaron entre un 15,46 por ciento en 1983 y un 12,51 por cien en 1991.

El ejercicio en que el Estado se ahorró más dinero mediante este expediente fue el de 1983, en que su endeudamiento neto con el Banco de España ascendió a 2,5 billones y los intereses de mercado le habrían supuesto un coste de 387.000 millones.

El año pasado, el coste de haber hecho frente a los intereses por el dinero prestado por elBanco de España se habría elevado a 205.000 millones de pesetas, mientras que el ejercicio menos costoso habría sido el 88, con 144.000 millones.

AUMENTA LA INFLACION

A la vista de estos datos, el diputado popular José Manuel Otero Novas manifestó a Servimedia que el Estado mantiene una vía de financiación irregular mediante el recurso al Banco de España, que recae sobre todos los españoles, porque aumenta la inflación.

Otero Novas acusó al Gobierno de "puentear" la obligación presupuestaria demantener su nivel de deudas con el Banco de España en el nivel del 31 de diciembre de 1989, 1.156.000 millones, a base de cumplirla sólo el último día de cada ejercicio, ya que las medias anuales superan ampliamente ese límite.

Además, la información facilitada por el Banco de España permite detectar otra "trampa" mediante la cual el Estado obtiene financiación de la autoridad monetaria esquivando las restricciones presupuestarias, que consiste en que el Tesoro le coloca deuda pública a la autoridad mnetaria.

Por esa vía, que no se computa como endeudamiento con el Banco de España, el Gobierno mantenía una cartera de valores del Estado o de otros organismos públicos de 1,38 billones de pesetas a finales del 91.

Además, los títulos de deuda sirven al Estado para "maquillar" la cifra de endeudamiento con el Banco de España a finales de cada año, mediante una operación de compraventa que se hace y deshace sistemáticamente entre diciembre de cada ejercicio y enero del siguiente.

A este respeto, los datos remitidos por la autoridad monetaria indican que, el 31 de diciembre de 1990, la cartera de títulos públicos del Banco de España ascendía a 1.058.800 millones de pesetas y había caído a 455.700 millones en enero del 91. Lo mismo ocurrió en el ejercicio siguiente, al pasar de 1,38 billones en diciembre del 91 a 777.100 millones en enero del 92.

Para evitar prácticas de financiación irregular, el PP ha presentado una enmienda a los Presupuestos del del 93, en la que pide que se prohiba la pelación del Estado y sus organismos al Banco de España, según explicó Otero Novas.

A su juicio, el recurso a la autoridad monetaria debe limitarse a anticipos para cubrir desfases de tesorería, por un plazo máximo de dos meses, con pago de intereses, y previa acreditación del gasto que se ha adelantado o el ingreso que se ha retrasado.

El PP considera también que debe prohibirse que el Banco de España tenga en su poder títulos de deuda pública, en linea con lo que establece el Tratado de Maastriht, a fin de controlar con más rigor el déficit público.