Aramón, participado al 50% por el Gobierno aragonés, afirma en un comunicado que no ha recibido "hasta el momento" ninguna confirmación oficial sobre la aplicación de este impuesto, aunque interpreta que dicha contribución pretende concienciar a los agentes económicos y a los ciudadanos de la necesaria repercusión de dichos costes a la sociedad que disfruta de la naturaleza.

Tras indicar que el impacto de dicho impuesto incidirá directamente en la cuenta de resultados del grupo, agrega que no se han planteado repercutir este coste a los clientes o usuarios de las instalaciones, pistas o remontes, por tratarse de un coste fijo empresarial y no de un coste variable, como ocurre en el caso de otros tributos conocidos como "ecotasa".

El nuevo impuesto está recogido en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas y afectará a los titulares de las estaciones de esquí. La recaudación se destinará a reparar el daño ambiental causado por la instalación de transportes por cable de personas y mercancías, como funiculares, teleféricos y remontes.