El pasado 15 de mayo Bruselas lanzó un ultimátum a España y concedió un mes de plazo al Gobierno español para retirar estas condiciones, antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

El vicepresidente económico habló el pasado mes de retirar estas condiciones antes de que el tribunal de Luxemburgo emita su fallo si se demuestra que, tal y como alega el ejecutivo europeo, dichas condiciones son ilegales.

ANTECEDENTES

El pasado día 7 de mayo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desestimó la petición de España de que se suspendiera la decisión de la Comisión Europea de declarar "ilegales" varias de las condiciones a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa.

La Comisión Europea determinó el pasado 5 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas por el Gobierno español a Acciona y Enel en su opa sobre Endesa eran ilegales y pidió su retirada.

Algunas de estas medidas son que se mantenga a Endesa como compañía independiente y que sus centros de decisión permanezcan en España; que se le obligue a adquirir carbón nacional; y que se conserven dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.

Tras la negativa de España a retirar dichas medidas, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción, a principios de año.

El Reglamento europeo de concentraciones establece que la Comisión tiene competencia exclusiva sobre fusiones interestatales y los Estados miembros sólo pueden prohibirlas o condicionarlas para proteger intereses distintos a la competencia, tales como la seguridad de suministro.

Precisamente éste fue el argumento que esgrimió el Gobierno español, según el cual estas condiciones eran indispensables para garantizar la seguridad energética nacional.