La citación de Sarasola es consecuencia de una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción según la cual el empresario debía comparecer como testigo porque el supuesto delito de apropiación indebida del citado dinero y los correspondientes delitos fiscales ya han prescrito.

"El transcurso del tiempo desde la fecha de los cobros hace inviable su declaración como imputado", dice el fiscal, quien, no obsante, asegura que Sarasola recibió 3.000 millones de pesetas en la operación conocida como "Croesus" y otros 100 millones en la operación "Pincinco", todo ello durante el año 1988.

Los defensores de Torras recurrieron la decisión de citar a Sarasola como testigo alegando que durante la intrucción del sumario y posterior juicio ya se decidirá si el delito existe realmente y si éste ha prescrito, por lo que pidieron que fuera citado como imputado. Finalmente, la juez Teresa Palacios accedió a esta solictud para garantizar los derechos de Sarasola, que podrá ahora acudir acompañado de su abogado.

Las fuentes consultadas por esta agencia confiaron en que la declaración de Sarasola aporte "nueva luz" sobre este caso, puesto que, al comparecer como testigo, tiene la obligación de relatar la verdad sobre los cobros y el destino del dinero recibido o supuestamente sustraído a Torras.

Por el contrario, apuntaron que la citación se hace en virtud de datos procedentes de Londres, donde hay otro proceso n marcha relacionado con el grupo Torras.

En este sentido, recordaron que la documentación no ha sido aportada al sumario a través de la correspondiente comisión rogatoria, por lo que dudaron de su validez en la investigación española.